El lunes 22 de abril de 2013 por la tarde, el Presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Jorge Lozano, acompañado por el Presidente de la Comisión Nacional Justicia y Paz, Lic. Gabriel Castelli, recibió en la sede de la CEA a una delegación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, integrada entre otros por el Dr. Luis María Cabral (presidente de la Asociación, Juez de la Cámara Nacional de Casación Penal y ex miembro del Consejo de la Magistratura); la Dra. María Gómez Alonso de Díaz Cordero (Vicepresidente Primera, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial); el Dr. Marcos Arnoldo Grabivker (Secretario General, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico) y el Dr. Gregorio Corach (Vocal, Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo).

La Asociación reúne y representa a una muy amplia mayoría de jueces y funcionarios de la Justicia Nacional y Federal, y es la institución que siempre ha representado "gremialmente" a los jueces. Sus autoridades son elegidas por sus pares.

Los visitantes dejaron una nota dirigida a la Comisión de Pastoral Social, acompañada de una declaración de la Asociación referida a los proyectos de ley actualmente en tratamiento en el Congreso, llamados de "democratización de la Justicia". En ella y en su exposición verbal se hizo notar la enorme gravedad institucional que representan esos proyectos, con varios aspectos contrarios a la Constitución Nacional. Entre otros aspectos advirtieron que:

a) la Justicia necesita efectivamente reformas, pero no las que están actualmente en tratamiento, sino otras tendientes a su agilización y a favorecer el acceso a ella de los pobres y los más débiles. Consignaron que los proyectos presentados van en dirección contraria a ese objetivo, ya que por una parte multiplican las instancias judiciales —mediante la creación de Cámaras de Casación— con una inevitable prolongación de los procesos que necesariamente va en desmedro de los más débiles y necesitados de Justicia; y por otra parte al atar las manos a los jueces prohibiendo la adopción de medidas cautelares dejan a los ciudadanos inermes frente a posibles arbitrariedades del Estado. Concluyen que los actuales proyectos están pensados para desproteger a las personas frente a los avances estatales, lo que implica un notorio retroceso.

b) las leyes en conjunto vacían a la Corte Suprema de facultades que siempre le han sido reconocidas, como cabeza de uno de los poderes del Estado (como, por ejemplo, las facultades de superintendencia sobre los tribunales inferiores). Al privarla de toda facultad administrativa, y de los organismos auxiliares actualmente existentes, se la convierte en una justicia dependiente del Poder Ejecutivo.

c) una de las innovaciones de mayor gravedad y contraria a la norma constitucional de creación y regulación del Consejo de la Magistratura, es la ley que pretende reglamentar este organismo. Afirmaron que en caso de ser aprobada, dejará de ser un órgano con un componente técnico profesional para ser completamente dependiente de la política partidaria. Tal como se lo proyecta, el partido político que obtenga la primera minoría en las elecciones se asegurará automáticamente los dos tercios del Consejo. Como además se eliminan las mayorías agravadas para las decisiones más trascendentes, el partido de Gobierno podrá sin ninguna limitación designar jueces, sancionarlos, promover su remoción y en definitiva condicionar su actuación. Además, los jueces que integren el Consejo deberán ser elegidos formando parte de la lista electoral de los partidos políticos, con lo que se partidizará al Poder Judicial, eliminando su independencia.

d) el proyecto que reglamenta la presentación de declaraciones juradas de los jueces —que actualmente ya existen— pone esas declaraciones juradas en manos de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, lo que se presta a su utilización política.

Los jueces hicieron notar que existe un amplísimo consenso entre ellos, los abogados, los académicos e incluso los legisladores, acerca de la inconveniencia y la inconstitucionalidad de las normas proyectadas. No obstante, expresaron su perplejidad y temor por el hecho de que incluso legisladores que están convencidos acerca de eso, igualmente votarían estas leyes.

Lo que solicitan de la Conferencia Episcopal, o de la Iglesia, es una palabra orientadora acerca de la gravedad de esta situación, un pedido de que no se avance en este camino que lleva inevitablemente a un grave conflicto de poderes.

Mons. Lozano comentó el comunicado emitido por la Asamblea Plenaria de los Obispos la semana pasada, y también el comunicado más extenso que produjo la Comisión de Justicia y Paz en el mes de marzo pasado. A su vez recordó una declaración de la Conferencia Episcopal Argentina de abril de 1997, “Reflexiones sobre la Justicia”, emitida ante un proyecto semejante del entonces Presidente Carlos S. Menem.


Comisión Episcopal de Pastoral Social
CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA