Reconocemos que el creciente consumo de drogas ilícitas y las redes criminales que controlan su tráfico hacen necesario un urgente acuerdo entre las fuerzas políticas de la Nación, con la finalidad de consensuar caminos que permitan desarrollar medidas concretas para enfrentar esta verdadera emergencia social. Las drogas son una forma de esclavitud moderna. Con su poder de compra material y de voluntades los narcos corrompen, matan impune y cruelmente, traficando con la vida y sojuzgando a las personas. Si bien la problemática tiene escala global, registra connotaciones particulares a nivel regional y nacional. Por tal motivo se acuerda establecer medidas basadas en los siguientes criterios:

En el centro del problema de la drogadicción está el ser humano y la necesidad de condiciones sociales para el desarrollo personal y familiar, como así también la búsqueda de sentido de la vida.

Es necesario fortalecer el tejido social creando un contexto que permita superar la marginación y la exclusión.

Se deben consolidar redes de cohesión social para evitar que se enquiste en cualquier lugar la trama de la droga y el delito.

Las políticas públicas se deben orientar de manera clara a desalentar el consumo de drogas.

Se requiere un abordaje integral teniendo en cuenta las características de la enfermedad y el impacto que tiene sobre el individuo y sobre su entorno familiar.

Al adicto no hay que criminalizarlo, hay que acompañarlo y ayudarlo a recuperar su libertad.

A su vez, hay que actuar sobre la tolerancia social al consumo de drogas ilegales que conduce inevitablemente a la disminución en la percepción del riesgo y el consiguiente aumento del consumo.

Las personas que consumen estupefacientes tienen afectada su voluntad, por eso es importante no pretender pasar de lo represivo a lo permisivo y desentenderse de los efectos nocivos que tienen las drogas sobre ellos y sobre terceros inocentes.

Argentina es hoy, no solo un país de tránsito y consumo, sino también de producción. Es esencial el control de los precursores químicos necesarios para la producción de droga a nivel local. En ese sentido insistiremos en reclamar la reglamentación de la Ley Nº 26.045 (Ley de Registro de Precursores Químicos). Sabemos que las drogas de diseño son una alternativa "seductora" para los narcotraficantes y, Argentina, por ser un país productor de precursores debe poner especial atención en esta variante. También hay que poner foco en el creciente número de laboratorios y cocinas de drogas que se instalan en las grandes ciudades.

El paco constituye una especial amenaza por sus características destructivas y por afectar fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables y requiere de acciones concretas para alejarlo de las manos de los adolescentes y jóvenes pobres.

Es de vital importancia hacer esfuerzos para equipar a las fuerzas de seguridad a fin de ejercer un efectivo control del espacio aéreo, de ríos (muy particularmente la Hidrovía Paraguay-Paraná) y mares limítrofes, y de las fronteras terrestres por donde ingresan las drogas ilegales al país.

También es clave fortalecer el rol federal de las fuerzas de seguridad nacional para que puedan actuar con inteligencia y recursos en todo el país a fin de combatir estas redes de particulares características. Propiciaremos el debate acerca de la creación de una Agencia Federal que enfrente al delito complejo.

Sabiendo que este es un problema global y regional, es importante generar a nivel parlamentario comisiones homólogas a las que existen en la UNASUR, a los efectos de producir políticas comunes para la región.

Hay que dotar a la justicia de los recursos materiales y humanos y de los equipamientos técnicos y la capacitación necesaria para abordar eficazmente esta forma de criminalidad compleja. De acuerdo con un relevamiento previo, hay que generar la creación de Juzgados Federales o la puesta en funcionamiento de los ya creados e inactivos todavía. También, de ser necesario, crear fiscalías especializadas en narcotráfico para mejorar la capacidad investigativa sobre las redes de narcotráfico.

El lavado de dinero requiere una atención particular y se deben desarrollar medidas que lo impidan. Por ello sugerimos la revisión de las leyes sobre lavado de dinero y sobre decomiso e incautación de bienes ligados al narcotráfico de manera de ser más efectivos al impactar directamente sobre el negocio que hay detrás de este accionar criminal. También fomentaremos ámbitos de cooperación con Órganos Provinciales que tengan la función de trabajar contra el lavado de activos

El Estado debe tener presencia integral en todo el territorio de la Nación, ya que el abandono en materia de seguridad, infraestructura social básica, educación, atención sanitaria, y cuidado del espacio público, genera territorios sin ley propicios para que se enquisten las redes del narcotráfico.

A las instituciones que trabajan en distintas iniciativas terapéuticas para el tratamiento y reinserción social, hay que dotarlas del presupuesto y recursos que hagan posible la atención de todos los que lo necesiten. Este trabajo se debe complementar con la tarea del ámbito sanitario estatal, irremplazable en esta función.

Es necesario prever la creación de programas de empleo digno para la reinserción social de quienes realizan un camino de recuperación.

La educación y prevención son clave para enfrentar el problema. Es urgente la plena implementación de la Ley Nº 26.586 promulgada en diciembre de 2009, que establece el Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo de drogas.

Debemos poner recursos en programas de educación y prevención de las adicciones especialmente con foco en niños y jóvenes, ya que distintos estudios señalan que la edad de iniciación del consumo de drogas ilegales en el país continúa bajando en los últimos años y sabemos que cuando más chicos comienzan a consumir, mayores probabilidades tienen de ser adictos.

Se extiende el presente acta a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2013.